octubre de 2020
La calidad de vida de por lo menos 21 millones de colombianos depende, en diferentes niveles, de los beneficios que ofrecen las cajas de compensación. Sin ellas, dicen desde Asocajas, la estabilidad de la clase media sería incierta.
Edith Patricia De Hoyos se considera una usuaria integral de Colsubsidio. Gracias a esta, dice, tiene vivienda, opciones de sobra para vacacionar, una cuota monetaria que facilita los gastos de estudio de su hijo de 12 años e incluso la posibilidad de enviarlo a un colegio privado y de calidad, a clases de inglés y de natación. Si las cajas de compensación desaparecieran, asegura, “la vida sería mucho más complicada”.Como Patricia, existen en Colombia 21’107.750 personas —entre trabajadores y sus familiares— que se benefician de una u otra forma de los subsidios y servicios que ofrecen las cajas de compensación familiar, asegura Adriana Guillén, presidenta de Asocajas.
Para ella, estas son uno de los pilares del sistema de protección social colombiano, tan importantes como los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. En sus palabras, “nuestro principal propósito es cerrar brechas sociales, apalancar a la clase media vulnerable y facilitar que se movilice hacia una clase media consolidada”.
Vale la pena recordar que, según los más recientes datos del Dane, la clase media pasó de abarcar el 16% de la población nacional en 2002 al 31% en 2017, lo que ubica a cerca de la mitad de ese grupo entre quienes son considerados como emergentes.
“Son personas que todavía no tienen los ingresos suficientes para decir que están en un nivel en el que satisfacen todas sus necesidades, por eso el sistema de compensación ayuda a estabilizarlos y mitigar posibles riesgos”, agrega Guillén.
No es poca cosa si se tiene en cuenta que, de acuerdo con cifras de Asocajas, el 75% de los 21 millones de usuarios ganan menos de dos salarios mínimos, mientras que el 15% reciben entre dos y cuatro.
Es decir, son cerca de 19 millones de personas que cuentan con apoyo en rubros como salud, educación, vivienda, cultura, turismo, economía del hogar y empleo, por parte de las 43 cajas de compensación que existen en el país.
Para dar una mejor perspectiva sobre el asunto, la presidenta explica que los fondos recibieron el año pasado un aporte de $6,9 billones proveniente, como lo ha sido durante 65 años, de un equivalente al 4% de los pagos de nómina que hacen las empresas colombianas que aportan al sistema, unas 685.000 en 2019.
De ello, $2,3 billones fueron destinados al subsidio familiar en efectivo, que es la razón inicial por la que nacieron las cajas de compensación. Esto equivale, según Guillén, a 63 millones de cuotas monetarias giradas al 86% de los beneficiarios de las cajas que lograron con eso un poco más de estabilidad económica.
“Por lo general la ahorro durante algunos meses y lo uso para hacer pagos de colegio, materiales, útiles, uniformes, etc. Es una gran ayuda”, comenta De Hoyos, que es coordinadora académica de la Institución Educativa Eduardo Santos, Soacha.
Por otra parte, “entre el 5 y el 11% de ese dinero, dependiendo del tamaño de cada caja, es para subsidios de vivienda para los trabajadores y sus familias”. De esta manera, se asignaron $1,2 billones desde dicho rubro solo en 2019, que no solo aseguraron un techo para más personas, sino que también dinamizaron a uno de los sectores económicos más importantes: la construcción.
El Ministerio de Vivienda estima que en 2019 se comercializaron 119.000 viviendas de interés social, mientras que el Dane estima que el 7,1 % de los empleos del país son generados por la construcción.
Gracias a esta ayuda, la docente pudo iniciar el proceso para su primera casa propia en la Ciudadela Maiporé, que además de vivienda cuenta con colegio —donde estudia el hijo de De Hoyos—, supermercados con beneficios para los afiliados y zonas verdes más que suficientes.
“En Colsubsidio me orientaron y me mostraron todas las posibilidades que tenía. Si no lo hubiera hecho con la ayuda de ellos, hoy no tendría la comodidad y los márgenes que me permiten estar tranquila; es tener calidad de vida”.
Bienestar que también se ve en la niñez y la educación. Como explica Guillén, estas entidades “también apoyan al ICBF en el trabajo con niños de cero a seis años y en jornadas escolares complementarias con programas de bilingüismo, comprensión de lectura y matemática. Se trata de una iniciativa con la que se atienden a cerca de 576.000 niños y niñas en alrededor de 1.400 jardines infantiles y para la que se dedican entre el 5 y el 10% de los fondos que reciben estas entidades”.
Paralelamente está el Fondo de Protección al Cesante, que el año pasado entregó ayudas monetarias por $350.000 millones a personas que quedaron en desempleo. “El subsidio al desempleo se les entrega durante un término de seis meses. Adicionalmente se les pagan los aportes a pensión y a salud y se les capacita para que vuelvan a entrar al mundo laboral”.
Para ello, existen 42 agencias de empleo que, al igual que el resto del programa, se financian con hasta el 11,5 % de los ingresos que reciben las cajas por parte de las empresas colombianas.
Tampoco se queda atrás el hecho de que estas entidades destinan entre el 7 y el 10% de dichos ingresos, unos $600.000 millones, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) o que tienen afiliada, en sus propios servicios de salud, a una tercera parte de la población colombiana.
Una vez descontados todos estos servicios, quedan otros igualmente importantes: recreación, cultura, turismo. “Si uno mira la disponibilidad de esos parques, hoteles y programas, se da cuenta que rara vez hay cupo”, asegura la vocera.
Después de todo, la mayor parte de la red de bibliotecas del país son operadas o pertenecen a alguna caja de compensación, que además cuentan con 271 teatros, centros culturales y centros de convenciones.
“Entonces si me preguntan qué pasaría si se elimina el sistema de compensación, tendría que decir que 19 millones de colombianos se quedarían sin una cantidad de servicios que les generan calidad de vida; se acabarían los contratos de cerca de 73.000 personas que trabajan en las cajas; algunos municipios se quedarían sin la infraestructura para prestar servicios recreacionales, culturales, deportivos y educativos”, asevera Guillén.
En palabras de De Hoyos, “se maximizarían los esfuerzos que tengo que hacer para tener calidad de vida, habría muchas cosas a las que no podría acceder por mí misma”.
Categoría: Tendencias